El conflicto armado en Colombia se relata -con frecuencia- a través de mapas de control territorial, cifras de combates y acuerdos políticos. Aquí se comparte otra mirada de ese capítulo de la historia: la ruta del VIH y los derechos de las comunidades, en el contexto de la guerra interna que ha vivido el país en los últimos años.
Esta nota lleva al lector por un breve recorrido del transcurso histórico-social del VIH en el contexto del conflicto armado y el proceso de paz, en Colombia, episodio de la vida nacional que muestra huellas de violencia y agresión contra la población civil por parte de grupos armados. Una experiencia social que marcó zonas rurales del país (tales como Caquetá, Meta, Putumayo y Tumaco), aunque también llegó a ciudades como Bucaramanga, Cali y Villavicencio, entre otras.
Evolución del lenguaje en VIH
En el transcurso de nueve lustros, se han escuchado distintas expresiones para referirse al VIH en relación con su impacto en las comunidades, denominaciones que han ido cambiando con el propósito de reducir la discriminación y facilitar la participación ciudadana en la construcción de una respuesta.
Grupos de Riesgo
La expresión grupos de riesgo se utilizó en la década del 80 para hablar del nuevo escenario que enfrentaba la salud pública y el bienestar de las comunidades.
Expertos e investigadores sociales en el tema de la salud consideran que esa denominación justificaba la estigmatización y la marginación de grupos de personas por sus experiencias de vida.(1)
Ese denominación tuvo incidencia en la vida de los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), las personas que ejercen trabajo sexual, las personas usuarias de drogas y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. El informe VIHdas Truncadas señala que esa expresión sugería la idea de que al invisibilizar a esos grupos, el virus desaparecería. (2)
Población Vulnerable
En los años 90, la lectura social del VIH se orientó hacia los comportamientos de riesgo, resultado de las prácticas cotidianas con distintos factores individuales, colectivos y sociales. En ese contexto surgió el concepto de población vulnerable, promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA).
Este nuevo enfoque del VIH reconoció que el virus afecta a las comunidades marginadas en distintas dimensiones e impacto por falta de información y que la vulnerabilidad es una consecuencia de las condiciones sociales y económicas, así como las barreras para acceder a servicios de salud y los medios de prevención, como el preservativo y la profilaxis. (3)
Población Clave
En el año 2000, la OMS y ONUSIDA explicaron que la participación de las comunidades afectadas por el VIH es fundamental en el diseño de una respuesta eficaz y la conversación internacional giró hacia el concepto población clave(4).
Al respecto, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (FM) afirma que las personas más afectadas por esas enfermedades son las que son foco de estigma y discriminación, situaciones que pueden ser barreras para acceder a los servicios de salud(5) .
Para el Fondo Mundial, en el contexto del VIH, las poblaciones clave son:
- Hombres que tienen sexo con hombres (HSH).
- Personas homosexuales y otros hombres con prácticas sexuales con varones.
- Personas trans, mujeres trans y personas de género diverso.
- Personas que ejercen el trabajo sexual y sus clientes.
- Personas que consumen drogas inyectables
- Personas privadas de la libertad.
El FM precisa que esas poblaciones están socialmente marginadas y enfrentan violaciones de los derechos humanos, circunstancias que aumentan su vulnerabilidad al VIH.
El VIH: herramienta de selección sistemática
La línea cronológica que traza la fecha en que se conoció el primer caso de VIH en Colombia (1983 (6)) y la evolución histórica de la patología en las comunidades colombianas, muestra que la interpretación social de esta condición de salud se vincula con el conflicto interno(7) y en la implementación del Acuerdo de Paz (2016).
En el marco del conflicto armado colombiano, la confluencia y el encuentro de grupos paramilitares, sectores del narcotráfico y agentes de la fuerza pública en un mismo territorio consolidaron un proyecto sociopolítico de orientado al control social y territorial absoluto que impuso órdenes morales para disciplinar a la población civil(8).
La sexualidad se convirtió en herramienta estratégica para limpiar el tejido social de elementos considerados desviados o peligrosos y se estableció un modelo heteronormativo de sociedad que criminalizó la diversidad sexual y la salud serológica, legitimando la autoridad y violencia de los actores armados.
Respecto de la violencia por prejuicio, la organización Colombia Diversa(9) y la Comisión de la Verdad(10) señalan que ésta se ejerció contra las personas que tenían un estilo de vida diferente, que no respondía con las normas del modelo heteronormativo impuesto.
El diagnóstico o la sospecha de VIH pasó del campo de la salud pública al del control social y se convirtió en un mecanismo de vigilancia que permitió a los actores armados asumirse como autoridad sanitaria. Fue una licencia para desaparecer o matar a las personas con un estilo de vida diferente y se convirtió en la estrategia para imponer reglas heteronormativas de comportamiento, a través de acciones de limpieza social, panfletos y amenazas, campañas diagnósticas obligatorias y requisas al transporte público, entre otras.
Las campañas permitieron legitimar ante la población civil las acciones violentas y posicionar a los actores armados como garantes de la moral pública, logrando que la comunidad aprobara sus intervenciones para eliminar la diferencia.
La limpieza social fue una afrenta para la comunidad diversa, las personas con VIH y las personas que ejercían trabajo sexual. Quienes tenían diagnósticos reales o percibidos de VIH fueron señalados como indeseables o focos de infección, justificando su eliminación como un acto de proteccion comunitaria.
Las prácticas de control permitieron decidir quién podía estar en el territorio y quién tenía derecho a la vida. En ese contexto, los comentarios sobre la salud de las personas facilitaron que su desaparición se entendiera como una medida de protección sanitaria para la comunidad.
La exposición pública de nombres y los rumores se usaban para ganar el beneplácito de sectores conservadores locales, legitimando la violencia bajo el pretexto de “limpiar” al pueblo de enfermedades.
Así se transformó la connotación y gravedad del acto violento.(11)
Ese fue otro de los mecanismos de control; una acción que precedía la llegada de los grupos armados y hacía circular panfletos anónimos para identificar a personas con estilos de vida diferentes o sospechas de diagnóstico de VIH. Esto generaba una presión social y desplazamiento preventivo. Además, preparaba el terreno para las ejecuciones selectivas, bajo el concepto de justicia moral.(12)
La Zona de Despeje del Caguán (1998-2002)(13) funcionó como laboratorio de control social en el que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), convirtieron la salud de las comunidades en instrumento de regulación militar y el VIH se trató como una situación de riesgo sanitario que requería de la autoridad moral y coercitiva del grupo insurgente.
En el municipio de Vista Hermosa (Meta / Junio de 2000), el Frente 27 de las FARC forzó al personal del Hospital San Juan Bosco a organizar tomas de pruebas masivas de VIH en cada vereda, para la población mayor de 14 años, procedimiento olbigatorio que debía ser pagado por las personas. Los resultados se entregaban al grupo guerrillero y se estableció un sistema de carnetización y vigilancia epidemiológica militarizada.
Un diagnóstico positivo era causa para la expulsión inmediata del territorio o el asesinato selectivo, bajo el concepto de que “es más barato un tiro que un tratamiento”(14).
En distintos tramos de las carreteras del país, se montaron retenes de los grupos armados para requisar a los pasajeros de los autobuses. Encontrar un medicamento antirretroviral equivalía a una sentencia de muerte inmediata para el portador en medio de la carretera.
Quienes sobrevivían a la sentencia de muerte, enfrentaban el desplazamiento forzado, interrumpiendo la regularidad médica necesaria para la eficacia del tratamiento.
Esta circunstancia convirtió a la terapia antirretroviral (TAR) en un factor de riesgo en los sectores rurales, ya que las personas deben viajar a las zonas urbanas para su asistencia médica y ese desplazamiento las expone a ser identificadas en retenes armados.
Vulneración en servicios de salud: cifras
Para el periodo enero / 2022 – junio / 2026, la Defensoría del Pueblo recibió 246 quejas de personas que viven con VIH, relacionadas con la atención en salud.
El órgano de control establece una diferencia entre una queja / reclamación y una acción de tutela (vía judicial).
En ese periodo, el mayor número de reclamaciones se registró en Bogotá (52), luego se encuentran Quindío (38) y Risaralda (30). El mayor número de quejas se registró en 2025 (92 casos), casi el triple de las presentadas en 2024 (33).
En el primer semestre de 2026 se recibieron 99 casos, cifra que ya supera el total de todo 2025.
De acuerdo con el tipo de conductas vulneratorias, las que presentan mayor registro de reclamaciones son: falta de oportunidad en medicamentos (79); falta de oportunidad en consultas especializadas y/o medicina general (35); y omisión de la protección especial a personas con VIH relacionadas con el derecho a la salud (31).
El órgano de control precisa que las quejas por vulneración a personas con VIH pasaron de 12 casos en 2022 a 92 en 2025 y para junio de 2026 se registran 99 casos, cifras que muestran un incremento sostenido y acelerado.
En relación con las acciones de tutela vinculadas a un diagnóstico de VIH (vía judicial), para 2024 la Defensoría reporta 574 procesos, equivalentes al doble de las quejas registradas en cuatro años (246 / 2022- 2026).
El Acuerdo Final de La Habana
El Acuerdo Final para la terminación del conflicto(15) facilitó que la vinculación del VIH con el conflicto armado entrara en la escena del diálogo nacional. El Estado reconoció que la violencia tuvo distintos niveles de impacto en las comunidades y que la condición de salud fue un instrumento de agresión y coerción social.
Al respecto el informe VIHdas Truncadas(16) señala la relevancia que tiene el desplazamiento y su impacto para las personas que viven con VIH, en el contexto de la guerra interna.
El Punto 6 del Acuerdo regoistra el principio de no estigmatización, fundamental para las personas con VIH. Las “100 medidas de género” del Acuerdo buscan garantizar la no discriminación y el acceso a derechos de poblaciones que, debido a infecciones oportunistas o vulnerabilidad económica, requieren una protección reforzada.
Logros comunitarios
El relato histórico del VIH en el contexto de las comunidades y el conflicto armado en Colombia muestra un panorama con fuertes huellas de violencia y discriminación para invisibilizar a las personas que tienen estilos de vida diversos, no heterosexuales, y a las personas que viven o conviven con VIH. No obstante, la gestión de incidencia que se ha realizado desde las comunidades y las organizaciones que trabajan en la protección de los derechos fundamentales de estas poblaciones ha permitido alcanzar logros sociales que contribuyen a mejorar su calidad de vida. Aquí citamos algunos de ellos:
- Incluir a las comunidades en la implementación del acuerdo de paz, en calidad de víctimas (Ley 1448 de 2011). La Sentencia T-130/16 de la Corte Constitucional obligó a la Unidad para las Víctimas (UARIV) a priorizar las reparaciones administrativas de víctimas desplazadas con VIH
- Adoptar directrices nacionales para la garantía de derechos de la población diversa. (Decreto 762 de 2018).
- Acceso universal a la salud. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deben hacer la entrega continua, oportuna e ininterrumpida de tratamientos antirretrovirales y medicamentos complementarios. El sistema de salud debe proveer el tratamiento antirretroviral aún cuando la persona pierda su trabajo o la capacidad temporal de pago.
En este mismo campo de la salud, se ha logrado la reducción de precios de medicamentos esenciales para el tratamiento del VIH. - Protección especial para evitar el despido de trabajadores diagnosticados con VIH basándose en su estado de salud.
En estas épocas de cambios en distintos espacios y niveles de la vida nacional, es necesario trabajar para conservar estos logros y avanzar hacia el reconocimiento de otros derechos que aún hacen parte de la agenda pendiente.
(1) Caribe Afirmativo, Red Somos, Universidad de los Andes (2021). VIHdas Truncadas. Informe sobre las violencias contra personas viviendo con VIH en relación con el conflicto armado en Colombia.
(2) Ministerio de la Protección Social (2011) Guía de Prevención VIH / Sida – Jóvenes en contexto de vulnerabilidad. Recuperado el 6 de agosto de 2026 de https://short-url.cc/1B69U
(3) Op. Cit (2)
(4)ONUSIDA (2011) Orientaciones terminológicas de ONUSIDA. Recuperado el 6 de agosto de 2026 de https://short-url.cc/1B6gi
(5) Fondo Mundial (2024) Poblaciones clave. Recuperado el 6 de agosto de 2026 de https://short-url.cc/1vyTN
(6) Ministerio de Salud y Protección Social (2012) Panorama del VIH / SIDA en Colombia 1983-2012- Recuperado el 6 de agosto de 2026 de https://short-url.cc/1Ba7G
(7) El conflicto armado interno de Colombia se desarrolla desde 1960 y se extiende hasta la actualidad.
(8) Comisión de la Verdad (2022) Hay futuro si hay verdad – Informe Final. Recuperado el 6 de agosto de 2026 de https://short-url.cc/1vy-T
(9) Colombia Diversa (2025) Para no olvidarte. Desaparición, desplazamiento y migración forzada de personas con orientación sexual, identidad o expresiones de género diversas en el marco del conflicto armado colombiano.
(10) Comisión de la Verdad (2022) Persecusión a personas LGBTIQ+ con VIH o que se presumía que vivían con VIH en el marco del conflicto armado en Colombia entre 1980 y 2016.
(11) Op. Cit (7)
(12) Op. Cit (10)
(13) La zona de despeje (o zona de distensión) fue un territorio de 42 000 kilómetros cuadrados sin presencia militar del Estado. Esa zona la creó Andrés Pastrana durante su mandato presidencial (1998) para negociar la paz con la guerrilla de las FARC. El proceso fracasó y terminó en febrero de 2002.
(14) Op. Cit (3)
(15) Justicia Especial para la Paz (2016) Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera / https://short-url.cc/1BcPe
(16) Op. Cit. (3)
