Bogotá, julio 26 de 2026.- En agosto de 2026 finaliza el mandato del presidente Gustavo Petro, cuyo gobierno impulsó, desde el inicio de su administración, una reforma estructural al sistema de salud colombiano.
El proceso comenzó en febrero de 2023 con la radicación ante el Congreso de la República del proyecto de ley que buscaba transformar el modelo de aseguramiento vigente desde la expedición de la Ley 100 de 1993.
Durante su trámite legislativo, la iniciativa generó un amplio debate nacional, con posiciones tanto de respaldo como de rechazo por parte de distintos sectores políticos, académicos, gremiales y sociales.
Con la posesión de un nuevo Congreso de la República y la elección de un nuevo presidente, el país se enfrenta nuevamente al desafío de definir el rumbo del sistema de salud.
Entretanto, el sistema continúa enfrentando una compleja crisis financiera y operativa que demanda respuestas oportunas y sostenibles.
Tras el archivo definitivo de dos intentos de reforma estructural promovidos por el Gobierno saliente, expertos, organizaciones médicas y diferentes actores del sector han reabierto el debate sobre el camino más conveniente para garantizar la sostenibilidad del sistema.
En este contexto, surge un interrogante de especial relevancia: ¿es necesario iniciar la construcción de un nuevo proyecto de reforma al sistema de salud o resulta más pertinente fortalecer la implementación de la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015), que reconoce la salud como un derecho fundamental y establece los principios que deben orientar el sistema sanitario colombiano?
La respuesta a este debate marcará la agenda del próximo gobierno y tendrá un impacto determinante en el acceso, la calidad, la oportunidad y la sostenibilidad de los servicios de salud para millones de colombianos.
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El trámite y debate de la reforma a la salud comenzó en febrero de 2023, cuando el Gobierno de Gustavo Petro convocó a movilizaciones ciudadanas para defender el proyecto de ley para reformar el sistema de salud.
La propuesta generó una profunda división gremial desde su inicio. Por un lado, la Federación Médica Colombiana (FMC) y la Asociación Médica Sindical Colombiana (Asmedas) respaldaron de forma oficial las marchas, bajo el argumento de que el nuevo modelo superaría las deficiencias del sistema actual mediante un enfoque preventivo y democrático.
En contraste, la Federación Nacional de Sindicatos Médicos (Fecolmed) y la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR) -gremios con un amplio volumen de afiliados-, no participaron en las movilizaciones, señalando que la reforma debía tratarse como un asunto netamente técnico y no político.
Adicionalmente, la Academia Médica Colombiana alertó sobre los riesgos de politización de los recursos públicos administrados por entes regionales y la organización Pacientes Colombia se opuso firmemente a la iniciativa de reforma.
La asamblea general de la FMC (marzo de 2023) provocó la división al interior de la organización gremial. Delegados médicos de Antioquia, Cauca, Cundinamarca / Bogotá y Santander firmaron un acta desmintiendo el supuesto respaldo absoluto del gremio a la reforma. Señalaron públicamente al presidente de la Federación, Sergio Isaza, por comprometer la independencia de la organización y de excluir a los colegios departamentales en la discusión técnica del proyecto.
En noviembre de 2023, el Grupo de Acuerdos Fundamentales intentó abrir un canal de concertación directa mediante una carta dirigida al presidente Petro, expresando que sus observaciones científicas no buscaban un bloqueo sistemático, sino una construcción técnica y viable para el país.
Los intentos de concertación no fueron suficientes y el 3 de abril de 2024 la Comisión Séptima del Senado archivo el proyecto. Los senadores fundamentaron su decisión en el rechazo a la eliminación de las EPS como aseguradoras, la centralización de las funciones de auditoría en la ADRES, una transición de solo dos años y las inconsistencias de los informes de costos presentados por el Ministerio de Hacienda.
Este momento del tránsito del proyecto de reforma a la salud coincide con la intervención que realizó la Superintendencia Nacional de Salud a las EPS Sanitas y Nueva EPS.
Finalmente, en diciembre de 2025, el segundo intento de reforma del Gobierno fue archivado nuevamente por la Comisión Séptima del Senado. El argumento que respaldó la negativa fue el informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el cual proyectó que la reforma generaría un déficit fiscal de $126 billones de pesos entre 2026 y 2036. Aunque Petro descalificó al CARF catalogándolo de “comité neoliberal”, los legisladores utilizaron esta inviabilidad financiera como justificación insalvable para archivar la iniciativa.
Otro factor determinante para archivar los proyectos legislativos fue el bajo desempeño financiero de los modelos “piloto” implementados de manera anticipada por el Gobierno.
El piloto del Fondo Nacional del Magisterio (FOMAG), al suprimir intermediarios y flexibilizar la red sin controles de auditoría rígidos, desbordó la demanda y duplicó el costo global de la atención de los maestros.
Las ocho EPS que el Estado intervino, manejadas bajo el esquema centralizado del Gobierno, mostraron indicadores de deterioro acelerado en cuanto a carteras de deudas, tutelas y quejas de pacientes.
Al respecto, el experto Ramón Abel Castaño señaló que medidas de emergencia como el “giro directo” sirvieron de oxígeno momentáneo a la caja, pero no resolvieron el verdadero déficit estructural de recursos del sistema, estimado en unos 15 a 16 billones de pesos para lograr un equilibrio operativo sostenible.
El rescate de la Ley Estatutaria
En julio de 2026 el panorama político del país se reconfiguró con la llegada de nuevos integrantes del Congreso de la República y la cercana posesión del nuevo Presidente de la República (agosto 7). Aunque se registran varios cambios, el sistema de salud sigue operando con las mismas falencias que se vienen denunciando de tiempo atrás y que el proyecto de reforma buscaba solucionar.
El médico e infectólogo Álvaro Villanueva, columnista del diario El Heraldo (Barranquilla), afirma que “la verdadera solución […] no requiere refundar la normatividad, sino rescatar e implementar de manera inmediata la aprobada Ley Estatutaria de Salud (1751 de 2015). Esta norma, construida de la mano de las organizaciones médico-científicas, trabajadores independientes y pacientes, con gran dedicación y esmero, le da gran valor social a la salud, elevándola a derecho fundamental, colocando claramente al ser humano en el centro del ecosistema”[1].
Aunque la promesa de Gustavo Petro fue adelantar una reforma integral, su iniciativa no convenció en el legislativo. Dos intentos que no lograron superar las barreras que argumentaron los senadores.
En respuesta a ese escenario opuesto a sus intenciones, el mandatario saliente intentó lograr su propósito por la vía administrativa, pero en vez de mejorar la situación, la realidad muestra que la atención en salud sigue en estado crítico, con las mismas dolencias y síntomas que manifiesta desde hace varios años.
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[1] Villanueva, A. (2026) ¿Se necesita una reforma a la salud? / Columnas de opinión – El Heraldo, Julio 17 de 2026 / https://short-url.cc/1usJb
